Autoritarismo, abuso de poder y falta de transparencia. Hoy nos despertamos con una noticia preocupante para el funcionamiento de nuestras instituciones: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha sido claro contra la actitud de nuestro gobierno autonómico, presidido por el popular Carlos Mazón, que niega sistemáticamente documentación pública a la oposición. Estiman parcial o totalmente dos recursos contra la denegación por parte del Ejecutivo autonómico de solicitudes de documentación relativas a la dana del pasado 29 de octubre. Da la razón a los recurrentes en que el Consell vulneró derechos fundamentales de los diputados al bloquear el acceso a informes y expedientes necesarios para su labor parlamentaria.
Este hecho, que ya tiene consecuencias legales, pone en evidencia una forma de gobernar que no es nueva, ni exclusiva del ámbito autonómico. En municipios como Alfafar, este mismo patrón lleva tiempo consolidado. Y desde el grupo municipal socialista de Alfafar llevamos tiempo denunciándolo públicamente: ocultación, retrasos deliberados, silencios administrativos, bloqueo a la oposición.
No es un caso aislado, es su modo de hacer política. Una actitud que niega a la oposición su papel fiscalizador y debilita intencionadamente los principios de control democrático y transparencia institucional.
La vulneración de derechos en Les Corts es la misma que sufrimos en Alfafar
Cuando solicitamos acceso a expedientes, información económica o informes técnicos, el gobierno municipal responde con el mismo esquema que ahora la justicia ha censurado en Les Corts. La documentación no llega o lo hace con semanas o meses de retraso. Los plazos se incumplen sistemáticamente. La actitud del alcalde, Juan Ramón Adsuara, no deja margen a la interpretación: se impide de forma activa que la oposición pueda ejercer sus funciones con eficacia.
Esta práctica debilita el control político que corresponde en cualquier democracia. Si la oposición no puede acceder a la información, no puede fiscalizar, no puede proponer de forma responsable, no puede representar con garantías a los vecinos y vecinas que la eligieron.
En este contexto, el reciente pronunciamiento del TSJCV contra el autoritarismo del PP confirma que no estamos ante meras quejas políticas: estamos hablando de hechos que vulneran el marco constitucional. El artículo 23.2 de la Constitución protege el derecho de los cargos electos a ejercer su función en condiciones de igualdad y con pleno acceso a los medios necesarios. Negar información no es solo un gesto autoritario: es una violación de la legalidad.
La mayoría absoluta no legitima el abuso de poder ni el autoritarismo
Gobiernos como el de Mazón o el de Adsuara se escudan en la legitimidad de las urnas para justificar prácticas opacas. Pero la mayoría absoluta de una cámara no es, ni puede ser, un salvoconducto para cerrar puertas ni para ignorar a la oposición. La legitimidad democrática no se agota en los votos, se sostiene en el respeto a las reglas del juego institucional y no en el autoritarismo.
Una mayoría puede dar estabilidad a un gobierno, pero no le exime de respetar la ley, los procedimientos ni a quienes piensan diferente. Convertir esa mayoría en un muro frente a la transparencia es un error político y un riesgo institucional. Gobernar no es imponer, es responder. Es rendir cuentas. Es permitir que otros controlen lo que uno hace, en nombre del interés común.
En Alfafar hemos vivido cómo esa lógica de “gobierno sin control” se impone en el día a día del ayuntamiento. Se ignoran solicitudes, se responde con evasivas, se ralentiza la entrega de documentación, se actúa como si la administración fuera un patrimonio del partido y no de toda la ciudadanía. Esa actitud tiene consecuencias: empobrece el debate político, reduce la calidad democrática, genera desconfianza.
La falta de transparencia no es una casualidad, es una estrategia
La opacidad y el autoritarismo no nacen del descuido. Son decisiones y actitudes políticas. Es la consecuencia de una forma de ejercer el poder que ve en la oposición un obstáculo, no un elemento necesario del sistema. Y lo que ocurre en Alfafar no es un fenómeno aislado. Lo hemos visto en otras comunidades gobernadas por el PP, en ayuntamientos grandes y pequeños, en instituciones donde el control se interpreta como una molestia en lugar de una garantía.
Lo pronunciado por el TSJCV viene a confirmar lo que desde la oposición ya sabíamos: que hay gobiernos que eligen conscientemente ocultar, silenciar y blindarse. Que entienden el poder como algo propio, no como una responsabilidad compartida. Y que están dispuestos a llegar hasta el límite legal —y a veces más allá— para evitar rendir cuentas.
Ese estilo político, lejos de ser accidental, forma parte de la identidad de un modelo de gobierno que se repite con preocupante coherencia en el PP. En lugar de fomentar la participación, se obstaculiza. En lugar de abrir expedientes, se esconden. En lugar de aceptar la crítica, se bloquea. En lugar de garantizar derechos, se vulneran.
Nuestro compromiso es el de ejercer nuestra función pese a los bloqueos
Desde el grupo municipal socialista de Alfafar vamos a seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y respeto institucional. No porque sea cómodo, sino porque es nuestra obligación. Nuestro trabajo es controlar, fiscalizar, proponer y representar. Y para ello necesitamos acceder a la información pública que el gobierno está obligado a facilitar.
No queremos privilegios ni trato de favor. Queremos hacer bien nuestro trabajo. Queremos proponer alternativas y fiscalizar lo que no funciona. Pero eso solo es posible si el gobierno municipal deja de considerar la oposición como una molestia y empieza a verla como lo que realmente es: una parte esencial del equilibrio democrático.
Insistiremos, una y otra vez, en que sin transparencia no hay control, y sin control no hay democracia. Lo que ocurrió en Les Corts no es ajeno a lo que ocurre en Alfafar. Es la misma práctica, con distinta escala. Es el mismo desprecio al pluralismo institucional. Es el mismo intento de convertir las instituciones en herramientas de partido y no en espacios públicos de convivencia política.
La democracia no es un trámite, es una práctica diaria
No se puede construir una democracia sólida si quienes gobiernan niegan información, evitan responder preguntas o impiden la labor fiscalizadora. La democracia no es solo votar: es poder preguntar, exigir, debatir, comparar. Es tener acceso a lo que se decide en nuestro nombre.
Por eso, mientras otros cierran puertas y se blindan en el autoritarismo, nosotros seguiremos abriendo ventanas. Porque creemos que gobernar implica explicar. Porque creemos que una institución fuerte es aquella que puede ser cuestionada sin miedo. Porque creemos que la ciudadanía merece gobiernos que den la cara, no que se escondan.
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