Europa ha puesto sobre la mesa una oportunidad extraordinaria para que los municipios afectados por la dana puedan prepararse mejor ante futuras emergencias. Nadie discute la necesidad de contar con Centros de Atención a la Emergencia (CAE), espacios capaces de proteger a la población, coordinar recursos y garantizar una respuesta rápida cuando vuelva a producirse una situación crítica. Sin embargo, lo que sí merece un debate serio y profundo es la forma en la que el Ayuntamiento de Alfafar ha decidido utilizar esa oportunidad.
Porque una cosa es apostar por la prevención de riesgos y otra muy distinta es convertir una subvención europea en una compleja operación urbanística acompañada de un préstamo millonario que condicionará las cuentas municipales durante años. El problema no son los CAE como concepto. El problema es el orden de las prioridades, la falta de transparencia real en la gestión y un relato político que se desmorona cuando se analizan los números fríamente.
De una subvención europea a un endeudamiento estructural
Durante las últimas semanas, el equipo de gobierno ha presentado el proyecto como una inversión de 15 millones de euros para dotar a Alfafar de dos Centros de Atención a la Emergencia. El mensaje es indudablemente atractivo y vende una imagen de municipio preparado y proactivo para afrontar futuras catástrofes. Sin embargo, cuando se analiza la estructura de financiación, aparecen muchas más preguntas que respuestas.
La ayuda europea del programa ALBA-DANA ronda los nueve millones de euros. Ese dinero, según el proyecto presentado, se destinará prácticamente en su totalidad a construir un edificio completamente nuevo en la zona del casco antiguo, ubicado detrás de las fincas rojas y junto a la zona comercial. Hasta aquí, la decisión podría ser considerada una opción política discutible, pero legítima dentro de las competencias municipales.
La cuestión cambia radicalmente cuando se descubre que el segundo CAE, el proyectado en el edificio Clara Campoamor del Parque Alcosa, no se financia con la subvención europea, sino mediante un préstamo bancario cercano a los seis millones y medio de euros, complementado con el remanente de la propia ayuda. Es decir, el Ayuntamiento presenta un proyecto de 15 millones de euros, cuando la financiación extraordinaria de Europa es de nueve y el resto deberá salir directamente del endeudamiento del propio municipio. Ese detalle, que resulta esencial para comprender el alcance real y las consecuencias de la operación, apenas ha ocupado espacio en el discurso oficial.
La paradoja de lo nuevo frente a lo existente
La principal crítica aquí no es puramente económica, sino profundamente política, pues gobernar consiste, ante todo, en saber establecer prioridades. Cuesta entender que la primera decisión del Ayuntamiento sea construir un edificio completamente nuevo mientras uno de los inmuebles públicos más importantes del municipio, el edificio Clara Campoamor, continúa esperando una rehabilitación integral desde hace años. Su deterioro es conocido por vecinos, asociaciones y usuarios habituales del espacio. Y, sin embargo, la solución planteada no consiste en recuperar ese edificio utilizando la financiación europea disponible.
La estrategia actual consiste en construir primero un nuevo CAE y dejar la rehabilitación integral del Clara Campoamor para una fase futura, supeditada a que lleguen nuevas subvenciones o se abran otras líneas de financiación. Traducido a un lenguaje sencillo: primero se construye la casa nueva y ya veremos cuándo arreglamos la que amenaza con caerse. Resulta difícil explicar esta jerarquía de necesidades desde el interés general de los vecinos. Nadie discute la utilidad de un nuevo equipamiento, pero muchos se preguntan por qué un edificio público existente, situado en un barrio que requiere inversión constante, vuelve a quedarse en un segundo plano mientras los recursos se destinan a levantar otra estructura desde cero.
La gestión patrimonial: el lastre de la imPProvisación
Un aspecto que merece una revisión crítica es la gestión patrimonial del Ayuntamiento. Se percibe una falta de planificación de largo recorrido, sustituida por decisiones aisladas que cambian según las necesidades del momento. En este sentido, es necesario aclarar el origen de las parcelas. El Ayuntamiento recurre ahora a una antigua expropiación para construir el nuevo edificio, pero estos procesos se ejecutaron hace años; estaban proyectados para otros fines, como un centro de salud mental comarcal que nunca llego a materializarse por falta de financiación de la Consellería.
Esta gestión transmite una sensación de imPProvisación constante. Resulta difícil de digerir que, en su momento, se enajenaran activos importantes —como la parcela de Aldi, de casi 8.000 metros cuadrados, por un importe de aproximadamente 1,7 o 1,8 millones de euros— para luego adquirir, mediante expropiación, parcelas de dimensiones mucho menores, de unos 2.000 metros cuadrados, por 1,2 millones de euros. Esta forma de proceder no solo es cuestionable desde la eficiencia económica, sino que agota el patrimonio municipal sin una estrategia clara, justificando cada decisión como si fuera inevitable.
El impacto real en la deuda pública
Existe otro aspecto crítico del que apenas se está hablando en los foros públicos: la capacidad de endeudamiento de Alfafar. El municipio ya está amortizando un préstamo anterior de más de cuatro millones de euros, solicitado para hacer frente a distintos sobrecostes. A esa carga financiera se pretende añadir ahora un nuevo préstamo cercano a los seis millones y medio de euros.
La consecuencia es evidente y directa para los ciudadanos. Cada euro que el Ayuntamiento destina a amortizar deuda es un euro que deja de poder invertirse en áreas esenciales como el mantenimiento urbano, los servicios públicos, las políticas sociales, la dinamización de actividades culturales o la mejora efectiva de las instalaciones municipales ya existentes. La pregunta no es si un Ayuntamiento puede endeudarse, ya que evidentemente tiene la capacidad legal para hacerlo. La pregunta fundamental es si debe hacerlo cuando existe una alternativa basada en utilizar la financiación europea de manera eficiente para recuperar el patrimonio público antes de iniciar nuevas construcciones.
¿Para quién son realmente los CAE?
El Ayuntamiento ha explicado que ambos centros podrán albergar a aproximadamente un millar de personas durante una emergencia. La cifra parece importante hasta que se analiza desde una perspectiva territorial y real. ¿Qué ocurre con barrios como San Jorge? ¿Qué ocurre con El Tremolar? ¿Qué sucede con las zonas residenciales más alejadas de ambos equipamientos?.
La utilidad de los CAE es indiscutible, pero su capacidad de respuesta tiene limitaciones evidentes dada la configuración urbana dispersa de Alfafar. Por eso, sorprende que el debate político se haya centrado en anunciar grandes cifras en lugar de explicar con claridad cuál será el plan operativo, cómo se garantizará el acceso en momentos de crisis y qué cobertura real ofrecerán a la población que vive fuera del radio de acción de estos edificios.
Gobernar es decidir qué es realmente urgente
Nadie cuestiona que Alfafar necesite mejores infraestructuras; después de la dana, sería una irresponsabilidad absoluta hacerlo. Lo que se debe discutir es la estrategia del gobierno municipal. Una subvención extraordinaria de Europa debería servir para reforzar lo existente, recuperar el patrimonio deteriorado y garantizar la máxima eficiencia de cada euro recibido. Sin embargo, la lógica seguida parece ser: construir primero, endeudarse después y dejar para un futuro incierto las necesidades que hoy siguen esperando.
La postura del PSOE de Alfafar es clara: Los CAE pueden ser una idea excelente, pero una buena idea puede ejecutarse mal cuando las prioridades no responden al interés general, sino a la construcción de un relato político. Una reconstrucción responsable empieza recuperando lo que ya se tiene, no hipotecando el futuro del municipio para inaugurar edificios nuevos mientras los antiguos se deterioran por falta de inversión. Gobernar no consiste en anunciar millones; consiste en decidir con responsabilidad dónde se invierte cada euro de los vecinos y vecinas de la localidad. En este caso, el orden de las prioridades sigue sin convencer.
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