El Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, ha decidido eliminar una normativa clave para garantizar la calidad de las viviendas en la Comunitat Valenciana. Nos referimos a la derogación de las normas DC-23, una regulación que había sido aprobada por el anterior Ejecutivo del Botànic y que establecía criterios mínimos de calidad, diseño y dimensiones en las nuevas construcciones residenciales. Algo esencial en el camino hacia la vivienda digna.
Esta medida, incluida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2025, no ha sido una decisión técnica ni casual. Se trata de una decisión puramente política, que responde a una lógica muy clara: dar más margen de beneficio a los grandes promotores inmobiliarios, aunque eso implique recortar en derechos básicos de la ciudadanía. Mientras unos pocos ganan, el conjunto de la sociedad pierde calidad de vida.
¿Qué establecía la norma DC-23?
La normativa DC-23 fue una iniciativa del anterior gobierno del Botànic que respondía a una visión del urbanismo más humana, más equitativa y orientada al bienestar colectivo. Esta regulación para la vivienda digna establecía criterios técnicos muy concretos para asegurar que las viviendas de nueva construcción ofrecieran condiciones adecuadas para una vida digna.
Entre sus principales aportaciones se encontraba la exigencia de superficies mínimas suficientes en todas las estancias, evitando así la proliferación de pisos con habitaciones excesivamente pequeñas e inservibles. También se regulaban aspectos fundamentales como la ventilación cruzada, la entrada de luz natural y el confort térmico, elementos clave para garantizar un entorno saludable dentro del hogar. Además, se fomentaba la creación de espacios comunes y zonas funcionales en los edificios residenciales, especialmente en las promociones de vivienda colectiva, con el objetivo de mejorar la convivencia y la calidad del entorno urbano.
Otro pilar esencial de la normativa era su enfoque inclusivo: se exigía que todas vivienda digna fuera accesible, asegurando que personas con movilidad reducida o diversidad funcional pudieran habitarlas y disfrutarlas sin barreras ni limitaciones.
Todo ello no era un capricho, sino una respuesta a la realidad de muchos municipios donde, durante años, se ha priorizado la especulación inmobiliaria frente a las condiciones de vida. La normativa DC-23 pretendía frenar esa tendencia y asegurar que la vivienda no solo sea un techo, sino un lugar digno para vivir.
¿Qué implica la derogación?
Con la eliminación de estas normas, el mensaje del Consell de Mazón es claro: las prioridades han cambiado. A partir de ahora, los promotores tienen mayor libertad para aprovechar al máximo la edificabilidad de cada parcela, lo que en la práctica significa construir más viviendas en el mismo espacio disponible, aunque eso suponga que las habitaciones sean más pequeñas, las distribuciones más agresivas y la calidad general de las viviendas se vea comprometida.
En lugar de viviendas con estancias amplias, funcionales y bien diseñadas, lo que se fomenta es la vuelta a pisos de tamaño mínimo, diseñados solo para cumplir con la rentabilidad de la inversión. Es decir, más viviendas por metro cuadrado, pero menos habitables, menos cómodas y menos adaptadas a las necesidades reales de las personas.
Se pierde calidad, se pierde bienestar y se debilita el derecho a una vivienda digna.
El modelo del PP: construir más, aunque sea peor
La medida adoptada por el Gobierno del PP no es una sorpresa. Responde a un modelo de ciudad que prioriza el interés económico de unos pocos sobre el interés general. Bajo el argumento de “activar el mercado de la vivienda”, lo que se está haciendo es facilitar la especulación, reducir controles públicos y permitir que la rentabilidad privada vuelva a imponerse sobre los derechos sociales.
Desde el Botànic, se apostó por un modelo en el que la administración pública tuviera un papel activo en la regulación del urbanismo. Se buscaba frenar la construcción masiva sin planificación, evitar el colapso de servicios públicos y, sobre todo, garantizar que las nuevas viviendas cumplieran con unos mínimos de calidad que hicieran de cada hogar un espacio habitable y saludable.
La derogación de la DC-23 rompe con esa filosofía. Se vuelve al modelo del “cuanto más, mejor”, aunque sea a costa de hacinamiento, incomodidad y desigualdad. En vez de poner límites a la especulación, se le abren las puertas de par en par.
¿A quién beneficia esta medida?
No es difícil ver quién sale ganando con esta decisión. Los grandes promotores y las empresas constructoras celebran esta derogación porque les permite aumentar su margen de beneficio: al construir más viviendas por solar, los ingresos se multiplican. No importa que esas viviendas sean más pequeñas o menos confortables; lo importante, para ellos, es que el balance final sea más rentable.
Mientras tanto, la ciudadanía paga el precio. Las familias que buscan una vivienda acceden a pisos con peores condiciones, con menos espacio, con peores acabados. Las personas jóvenes que intentan emanciparse, los mayores que buscan viviendas accesibles, o quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, ven cómo se debilita su derecho a una vivienda digna. Una vez más, el mercado impone sus normas y el poder político se pliega a sus intereses.
En Alfafar también nos afecta
Aunque esta medida se haya tomado a nivel autonómico, sus consecuencias se notarán también en municipios como Alfafar. En un contexto donde el acceso a la vivienda ya es difícil, donde los precios siguen siendo elevados y la oferta pública es insuficiente, la calidad de lo que se construye es aún más importante.
Necesitamos viviendas pensadas para las personas, para su vida diaria, para sus necesidades reales. No podemos permitir que se construya a cualquier precio, ni que se convierta Alfafar en un nuevo laboratorio de pisos minúsculos, mal ventilados o con distribuciones inhumanas, solo porque alguien quiere exprimir al máximo cada metro cuadrado.
Desde Socialistas de Alfafar, lo decimos alto y claro: no vamos a aceptar este modelo de urbanismo especulativo. Creemos en un municipio que defienda el interés general, que proteja el bienestar de su gente, y que no se deje llevar por las presiones del lobby promotor.
Nuestro compromiso: urbanismo justo, vivienda digna
En el PSOE y en los municipios donde gobernamos, seguimos defendiendo con firmeza que la vivienda es un derecho, no un privilegio ni un negocio más. Por eso, trabajamos para recuperar y reforzar las exigencias de calidad en la construcción de viviendas, conscientes de que vivir en un espacio digno no puede depender de la lógica del mercado.
Impulsamos de forma decidida la vivienda pública y asequible, especialmente dirigida a jóvenes y familias trabajadoras, que son quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar. Creemos necesario regular el mercado inmobiliario para evitar abusos y garantizar que las condiciones de habitabilidad sean siempre adecuadas. Y apostamos por un modelo de ciudad basado en un urbanismo sostenible, que ponga a las personas en el centro y no se limite a maximizar la rentabilidad a corto plazo.
Frente al modelo del PP y Mazón, que regala terreno normativo a los promotores y reduce la calidad de vida de la ciudadanía, proponemos un camino diferente. Porque cada metro cuadrado de vivienda debe estar al servicio de la dignidad, no de la especulación.
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