El último pleno municipal de Alfafar terminó antes de tiempo. No porque se agotaran los ruegos ni las preguntas ni porque existiera un mínimo de consenso entre los ediles en que el pleno había concluído. Llegó su fin porque el alcalde, Juan Ramón Adsuara, decidió levantar la sesión, en su condición de presidente de pleno, dejando preguntas y ruegos sin debatir. Incluso estaban en la mesa algunas de las cuestiones más importantes que afectan a nuestras vecinas y nuestros vecinos, como la situación de la limpieza y la recogida de residuos. Lo hizo porque su forma arbitraria de dirigir el pleno municipal, ya habitual, ayer se le fue de las manos.
El hecho, por sí solo, sería grave. Pero adquiere mayor relevancia cuando se analiza en contexto. No se trata de una discusión técnica ni de un conflicto reglamentario, sino de una decisión política que afecta directamente al funcionamiento democrático del Ayuntamiento.
Un pleno municipal no es un acto administrativo ni un espacio discrecional del alcalde. Es el órgano donde se ejerce el control al gobierno y donde se trasladan al debate institucional las preocupaciones de la ciudadanía. Impedir ese debate supone vaciar de contenido el principal mecanismo de fiscalización democrática a nivel local.
Un presidente de pleno autocrático
Presidir un pleno implica garantizar el debate, no condicionarlo. Cuando quien ostenta la presidencia decide de forma unilateral cuándo se habla y cuándo no, qué se debate y qué queda fuera, el problema deja de ser formal y pasa a ser político.
Ese comportamiento responde a un estilo autocrático de presidencia del pleno: concentración de poder, ausencia de contrapesos efectivos y rechazo del debate cuando resulta incómodo. No es una cuestión semántica ni un exceso retórico. Es una descripción ajustada a los hechos.
Levantar una sesión para evitar preguntas no es ejercer autoridad institucional; es eludir el control democrático. Hacerlo desde la presidencia del pleno supone utilizar una posición de arbitraje como herramienta de imposición.
La crítica como problema, no como función democrática
Lo ocurrido en el pleno no es un episodio aislado. Encaja en una dinámica más amplia: la incomodidad del gobierno municipal ante la crítica y la dificultad para asumir el contraste político como parte normal de la democracia local.
Las preguntas y ruegos que quedaron sin debatir no eran una provocación ni un gesto obstruccionista. Eran la vía del en ese momento presidente de pleno para trasladar quejas vecinales, aclarar contradicciones y exigir explicaciones sobre decisiones que afectan al municipio. Cuando la respuesta a ese ejercicio es cerrar el debate, el mensaje es claro: la crítica se percibe como una amenaza, no como una obligación democrática.
El caso de las Aulas Colabora
El pleno evidenció además una contradicción que sigue sin resolverse políticamente. Durante meses, el gobierno municipal negó que las actividades de las Aulas Colabora se estuvieran realizando en los barracones del colegio Orba. En la actualidad, esa afirmación ya no se sostiene.
La cuestión no es menor. No se trata de un matiz ni de un error administrativo, sino de una incoherencia pública que requería explicaciones claras en sede plenaria. En lugar de eso, el debate quedó cortado. Cerrar el pleno no despeja la duda. Solo evita responderla.
Ausente en la calle, autoritario como presidente de pleno
Resulta especialmente llamativo el contraste entre la escasa presencia pública del alcalde en la vida cotidiana del municipio y la firmeza con la que ejerce el control político, como presidente de pleno. Ausente en la calle, restrictivo en el debate institucional.
Gobernar un ayuntamiento no consiste únicamente en gestionar expedientes. Implica dar la cara, aceptar la crítica y asumir que el pleno es un espacio de confrontación política legítima, no un trámite incómodo que se puede cerrar cuando deja de resultar conveniente.
Un problema democrático, no de procedimiento
Levantar un pleno puede ser legal. Pero la democracia no se mide solo en términos de legalidad. Se mide en calidad democrática, en respeto a los contrapesos y en voluntad de rendir cuentas. Cuando un presidente de pleno actúa como si el órgano le perteneciera, cuando decide unilateralmente poner fin al debate para evitar preguntas, el problema no es reglamentario. Es político y merece ser señalado como tal.
Porque la democracia local no se deteriora de golpe. Se erosiona cuando se normaliza que preguntar molesta y que debatir sobra.
No responses yet