La crisis educativa valenciana también se vive en Alfafar

La huelga docente indefinida iniciada en mayo de 2026 en la Comunitat Valenciana no es un conflicto lejano que solo afecte a grandes ciudades o a debates autonómicos abstractos. La crisis educativa valenciana también se vive en Alfafar. Se vive en las aulas, en las familias que observan cómo aumentan las dificultades de atención educativa y en el profesorado que lleva años sosteniendo la escuela pública con más carga burocrática, más presión y menos recursos de los que el sistema necesita realmente.

Durante demasiado tiempo se ha intentado presentar el malestar docente como una exageración sindical o como un conflicto político artificial. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La huelga indefinida no aparece de repente. Es la consecuencia de años de desgaste acumulado en la educación pública valenciana y de una sensación cada vez más extendida de crisis educativa y abandono institucional. En municipios como Alfafar, donde la escuela pública cumple además una función social esencial, esa tensión se percibe todavía con más claridad.

Una crisis educativa que en Alfafar es aún más grave con casos como el del CEIP Orba

En Alfafar, donde muchos colegios desempeñan también una función de cohesión social y acompañamiento , esa falta de recursos no se percibe como una discusión técnica. Se percibe en el día a día. Se percibe en aulas saturadas, en docentes sobrecargados y en familias que sienten que la escuela pública lleva demasiado tiempo sobreviviendo gracias al esfuerzo humano de sus profesionales más que por una apuesta política realmente sólida.

El propio caso del CEIP Orba lo demuestra. Meses después del inicio del curso en barracones, seguían denunciándose problemas básicos como la falta de zonas de sombra, ausencia de equipamientos adecuados o deficiencias estructurales que obligaban incluso al profesorado a asumir tareas de mantenimiento impropias de su trabajo. El sindicato STEPV llegó a describir el patio provisional del centro como “un campo de concentración” por la falta de árboles, sombra y espacios adecuados para el alumnado.

La huelga docente no nace solo de los salarios

Reducir la huelga indefinida a una protesta salarial sería simplificar un problema mucho más profundo. La pérdida de poder adquisitivo del profesorado, que los sindicatos sitúan en torno al 20% desde 2010, es solo una parte del conflicto. El malestar y la crisis educativa actual tiene que ver también con el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo dentro de la escuela pública valenciana.

Más burocracia, más presión administrativa, ratios que siguen generando dificultades en muchos centros y una sensación constante de que la administración educativa exige cada vez más mientras ofrece menos capacidad real de respuesta. A eso se suma la percepción de improvisación política que ha acompañado algunas decisiones recientes del Gobierno valenciano.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido la llamada Ley de “libertad educativa”, impulsada por el actual Consell. Sobre el papel, la norma se presentó como una ampliación de derechos para las familias. En la práctica, gran parte de la comunidad educativa la ha vivido como la reapertura de un conflicto lingüístico que no estaba en el centro de las preocupaciones reales de los colegios e institutos.

La consulta sobre lengua base celebrada en 2025 obligó a reorganizar planificación y grupos en numerosos centros y generó una nueva tensión dentro del sistema educativo valenciano. PSPV-PSOE y Compromís han sostenido desde el principio que esta estrategia no respondía a una necesidad pedagógica real, sino a una agenda ideológica impulsada desde el Consell. Y la escalada posterior del conflicto parece reforzar esa lectura.

Una negociación tardía y sin credibilidad

El estallido definitivo de la crisis educativa y la huelga indefinida llegó después de meses de negociaciones que la mayoría sindical consideró insuficientes. La oferta inicial de subida salarial presentada por la Conselleria en mayo de 2026 fue percibida como claramente alejada de la magnitud del problema acumulado durante años. El malestar aumentó todavía más cuando la propuesta posterior llegó sin una recuperación salarial efectiva.

Ese momento terminó de romper la confianza entre buena parte del profesorado y la administración autonómica. Porque el problema ya no era solo económico. Lo que empezó a instalarse fue la sensación de que el Consell reconocía los problemas públicamente, pero no estaba dispuesto a asumir el esfuerzo político y presupuestario necesario para resolverlos.

La prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025 sobre 2026 agravó todavía más esa percepción. Resulta difícil convencer a la comunidad educativa de que existe voluntad real de transformación cuando ni siquiera se ha aprobado un nuevo marco presupuestario capaz de sostener reformas profundas.

Por qué PSPV y Compromís conectan mejor con el malestar educativo

La posición defendida por PSPV-PSOE y Compromís ha ganado fuerza en este contexto porque conecta con gran parte de las reivindicaciones que hoy se escuchan en los centros educativos. Ambos partidos han situado el foco en la necesidad de reforzar plantillas, reducir ratios, recuperar poder adquisitivo, disminuir burocracia y proteger la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo valenciano.

Además, existe un elemento político relevante: durante los gobiernos del Botànic, la dirección general de la política educativa se percibía como expansiva y protectora hacia la educación pública, incluso aunque muchos problemas estructurales no llegaran a resolverse completamente. El actual Consell, en cambio, ha añadido confrontación lingüística, incertidumbre organizativa y una negociación errática a un sistema que ya estaba bajo presión.

Eso explica por qué la huelga indefinida no se interpreta únicamente como un conflicto laboral. También se percibe como una reacción frente a un modelo político y educativo que buena parte del profesorado considera agotado.

La educación pública necesita algo más que propaganda

En municipios como Alfafar, donde la escuela pública desempeña una función esencial de cohesión social, minimizar el conflicto educativo sería un error grave. La educación no puede gestionarse únicamente desde titulares, campañas institucionales o discursos sobre cifras récord. Necesita inversión sostenida, planificación seria y estabilidad normativa.

La huelga docente indefinida de 2026 ha dejado una idea clara sobre la mesa: la educación pública valenciana ha dejado de aceptar soluciones superficiales. Eso obliga a abrir un debate político real sobre qué modelo educativo necesita la Comunitat Valenciana y qué papel deben jugar las administraciones públicas en su defensa.

Porque cuando docentes, familias y comunidad educativa coinciden en que el sistema está en crisis educativa y tensionado, el problema ya no puede seguir tratándose como una exageración. En Alfafar, como en tantos otros municipios valencianos, esa tensión hace tiempo que dejó de ser invisible.