La política municipal suele retratarse como el espacio más cercano a la ciudadanía, el ámbito en el que los problemas se tocan con la mano y donde la gestión pública se mide con mayor claridad en la vida diaria de la gente. Precisamente por eso resulta tan significativo lo ocurrido en los últimos días en Alfafar, donde varios miembros del equipo de gobierno han cargado públicamente contra las críticas formuladas por la oposición en redes sociales y otros espacios de debate público. Más allá del tono o de la anécdota concreta, lo sucedido deja al descubierto una cuestión de fondo mucho más importante: la dificultad del gobierno local del PP de Alfafar para asumir con naturalidad que la fiscalización forma parte esencial de la democracia.
Conviene recordarlo porque, a juzgar por algunas respuestas, parece que se hubiese olvidado. Alfafar forma parte, como cualquier municipio español, de un sistema democrático en el que la oposición no está para asentir, guardar silencio o limitarse a esperar el siguiente ciclo electoral. Está para fiscalizar, vigilar, proponer, denunciar y confrontar políticamente el modelo de municipio del gobierno de turno. No se trata de un exceso, ni de una extravagancia, ni de una campaña de desgaste. Es, sencillamente, la función que una parte del pueblo encomendó en las urnas en mayo de 2023 a quienes hoy lideramos la oposición municipal.
La crítica no nace de un despacho, sino del malestar de la calle
Uno de los argumentos utilizados por el equipo de gobierno del PP de Alfafar consiste en acusar a la oposición de querer “instalar un relato” sobre Alfafar basado en la improvisación, la falta de planificación o la mala gestión. La idea puede ser útil desde el punto de vista defensivo, pero tiene una debilidad evidente: presupone que las críticas surgen de una estrategia de comunicación diseñada al margen de la realidad, cuando lo cierto es que buena parte de lo que se denuncia responde a quejas, comentarios, sugerencias y muestras de hartazgo que llegan desde la calle, los barrios, las redes sociales y los canales de contacto cotidiano con la ciudadanía.
Ese es el núcleo del problema. No se trata de fabricar una percepción negativa, sino de trasladar una percepción ya existente. Hay vecinas y vecinos de Alfafar que expresan cansancio ante deficiencias continuadas en limpieza, contenedores, mantenimiento, aparcamiento o participación vecinal. Hay una sensación compartida de desgaste y de desatención en cuestiones que afectan de forma directa al día a día del municipio. Y hay, además, una idea que se repite con una frecuencia demasiado alta como para ser despreciada: que la situación generada tras la dana ha terminado por evidenciar las limitaciones de un gobierno que no ha sabido estar a la altura del desafío.
Eso no convierte automáticamente toda crítica en verdad absoluta, pero sí obliga a tomársela en serio. Gobernar también consiste en leer bien el clima social, escuchar el malestar y comprender que no toda discrepancia responde a una operación política. Eso deberían entenderlo los representantes del PP de Alfafar.
Cuando la oposición denuncia y se actúa, algo queda claro
Existe además una paradoja difícil de ignorar. El gobierno del PP de Alfafar se molesta por las denuncias públicas de la oposición, pero en más de una ocasión esas denuncias han contribuido a que determinados problemas del municipio acaben siendo atendidos. A veces de forma parcial, a veces tarde y a veces con soluciones claramente insuficientes, pero atendidos al fin y al cabo. Esa circunstancia, lejos de desacreditar la labor de control, la refuerza.
Porque si la fiscalización sirve para que se actúe, entonces la conclusión no puede ser que la oposición exagera. La conclusión es que ese trabajo resulta necesario. En política local, donde la proximidad con la ciudadanía debería facilitar la detección temprana de los problemas, resulta especialmente preocupante que algunas actuaciones parezcan acelerarse solo cuando existe presión pública o denuncia política. Eso no habla mal de quien fiscaliza. Habla mal de quien solo reacciona cuando se ve señalado.
Por eso la labor de vigilancia al gobierno local del PP de Alfafar no solo es legítima, sino imprescindible. Y más aún cuando un número creciente de vecinas y vecinos siente que muchas de sus quejas solo alcanzan visibilidad cuando la oposición las pone encima de la mesa.
La excusa permanente del PP de Alfafar no puede convertirse en modelo de gobierno
Nadie niega que la gestión municipal del PP de Alfafar esté condicionada por procedimientos administrativos complejos, por marcos legales exigentes o por las consecuencias de una situación extraordinaria como la vivida tras la dana. Pretender lo contrario sería poco serio. El problema aparece cuando esos factores dejan de ser una explicación parcial para convertirse en una coartada global que sirve para justificar casi cualquier deficiencia.
En ese punto se sitúa una de las principales objeciones políticas al relato del gobierno local. Cuando las cosas funcionan, el mérito se presenta como fruto de su gestión. Cuando las cosas fallan, en cambio, la responsabilidad se desplaza hacia fuera: otras administraciones, empresas, trámites, decisiones ajenas o circunstancias excepcionales. Ese esquema de atribución selectiva es políticamente cómodo, pero institucionalmente pobre. Gobernar no consiste solo en exhibir los aciertos propios, sino también en asumir los errores, corregir lo que no funciona y dar respuestas convincentes cuando la realidad contradice el discurso oficial.
Y en Alfafar esa contradicción empieza a ser demasiado visible. Porque si realmente existe una planificación sólida, coordinada y bien orientada del PP de Alfafar, la pregunta lógica es por qué esa planificación no se traduce con mayor claridad en mejoras perceptibles en la vida cotidiana del municipio. Si todo está previsto, priorizado y en marcha, el resultado actual no puede explicarse únicamente por factores externos. También remite, necesariamente, a decisiones políticas y a un determinado modelo de gestión.
Las redes sociales también son espacio de rendición de cuentas
Otro de los intentos de deslegitimación pasa por presentar la crítica difundida en redes como si fuera algo superficial, efectista o ajeno al trabajo político real. Es una visión difícil de sostener en pleno siglo XXI. Las redes sociales no sustituyen la gestión, pero sí forman parte de la conversación pública. Son un canal legítimo de denuncia, de contraste, de rendición de cuentas y de contacto con la ciudadanía. Lo son para la oposición, para el gobierno y para cualquier actor público con voluntad de intervenir en la esfera local.
Desprestigiarlas solo cuando contienen críticas y utilizarlas cuando resultan útiles es una incoherencia demasiado evidente. La política municipal contemporánea ya no se desarrolla únicamente en los despachos, en los plenos o en los comunicados oficiales. También se libra en el terreno digital, donde los vecinos observan, comentan, preguntan, comparten y confrontan versiones. Quien ocupa responsabilidades públicas no puede actuar como si ese espacio careciera de valor democrático.
De hecho, lo razonable sería entenderlo como una oportunidad. Un gobierno seguro de su trabajo no debería temer la conversación pública, sino aprovecharla para explicar mejor, escuchar más y corregir antes. Cuando, por el contrario, la crítica en redes se interpreta poco menos que como una agresión, el problema ya no está en el canal, sino en la relación del poder con la discrepancia.
Mayoría absoluta no significa derecho a silenciar a la oposición
El trasfondo político de este episodio remite a una cuestión clásica, pero siempre vigente: cómo entiende el poder una mayoría absoluta. Obtener un respaldo amplio en las urnas otorga legitimidad para gobernar. Eso es indiscutible. Lo que no otorga es patente de corso para incomodarse ante la crítica, obstaculizar a la oposición o tratar de reducir su papel a una presencia meramente decorativa.
Sin embargo, esa es la sensación que aflora cada vez con más frecuencia en Alfafar. No solo por la reacción airada a determinadas publicaciones, sino por una actitud general que, según denunciamos desde la oposición, se traduce en dificultades para acceder con normalidad a expedientes e informes, en trabas para desarrollar su labor institucional, en restricciones impropias en determinados espacios de la vida pública local e incluso en intentos de limitar su expresión política en sesiones plenarias. Si esa percepción se consolida, el problema trasciende con mucho una polémica puntual en redes sociales.
La democracia local no se mide solo por la existencia de elecciones libres, sino también por la calidad cotidiana de sus contrapesos. Y entre esos contrapesos ocupa un lugar central una oposición con capacidad efectiva para preguntar, fiscalizar, denunciar y representar a la parte de la ciudadanía que no se siente reflejada en la acción del gobierno del PP de Alfafar.
El problema de fondo no es la crítica, sino la incapacidad para asumirla
Al final, lo ocurrido con el PP de Alfafar no va solo de publicaciones, comentarios o respuestas más o menos desafortunadas. Va de una forma de entender la vida pública. Un gobierno puede optar por escuchar la crítica, discriminar la fundada de la exagerada y responder con hechos, con mejoras y con explicaciones consistentes. O puede optar por interpretar cualquier cuestionamiento como una afrenta, atrincherarse en la autodefensa y presentar la fiscalización como una molestia intolerable.
Ese segundo camino rara vez conduce a buen puerto. Entre otras cosas, porque la ciudadanía distingue cada vez mejor entre la crítica interesada y la crítica que conecta con problemas reales. Y cuando un número importante de vecinos empieza a verbalizar que no aguanta más una determinada forma de gestionar, lo inteligente no es desacreditar a quien lo dice, sino preguntarse por qué esa percepción ha arraigado con tanta fuerza.
Las y los socialistas de Alfafar lo tenemos claro. Nuestro municipio merece un debate público más maduro, una gestión más eficaz y una relación mucho más sana entre gobierno y oposición. Fiscalizar no es molestar. Molesta, en todo caso, cuando lo que se fiscaliza toca una realidad que el poder prefiere no mirar de frente.
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